La intención del gobierno federal de absorber los hospitales y centros de salud estatales que no se han adherido al esquema del IMSS-Bienestar plantea una pregunta de fondo: ¿se puede administrar más, cuando no se logra sostener lo que ya se tiene? La lógica administrativa sugiere lo contrario. En un contexto donde los reportes de desabasto de medicamentos, saturación hospitalaria y carencias operativas son cada vez más frecuentes, ampliar el control sin fortalecer previamente la capacidad instalada no parece una estrategia viable, sino un salto al vacío.
El problema no es únicamente de voluntad política, sino de ejecución. Centralizar implica coordinar recursos humanos, infraestructura, logística de insumos y sistemas de información en una escala nacional. Hoy, la evidencia apunta a que esa coordinación enfrenta serias limitaciones. Pretender absorber sistemas estatales que, con todas sus deficiencias, aún conservan cierto margen de maniobra local, puede terminar debilitando lo que sí funciona. Es una decisión que recuerda a quien, endeudado y con problemas de liquidez, decide adquirir más compromisos sin haber resuelto su flujo actual: el resultado previsible es el colapso.
En un país tan diverso como México, la salud no puede gestionarse con una sola lógica central. Las necesidades de un estado industrializado no son las mismas que las de una entidad rural o con dispersión poblacional. Por ello, los sistemas estatales, bien diseñados y supervisados, representan una oportunidad para responder con mayor precisión a los contextos locales. La cercanía con la población permite diagnósticos más ágiles, respuestas más inmediatas y una rendición de cuentas más clara. La centralización excesiva, en cambio, tiende a diluir responsabilidades y a burocratizar soluciones urgentes.
Esto no significa renunciar a la rectoría del Estado en materia de salud, sino entender que el equilibrio entre lo federal y lo estatal es clave. Un sistema híbrido, donde la federación marque estándares, garantice financiamiento base y supervise, mientras los estados operan con autonomía técnica, podría ofrecer mejores resultados que una absorción total. Apostar todo a un modelo centralizado, sin resolver los problemas estructurales actuales, no es una transformación: es una apuesta de alto riesgo.
En este contexto, el reciente anuncio del Dr. Rubén Galaviz, al señalar que para 2028 Aguascalientes formará parte del esquema de IMSS-Bienestar, no puede leerse como una buena noticia. Por el contrario, anticipa un escenario complejo para la administración estatal entrante, que podría verse limitada en su capacidad de decisión sobre uno de los sectores más sensibles para la población. Más allá de la narrativa oficial, el riesgo es claro: una estructura federal que hoy muestra signos de saturación podría trasladar sus deficiencias al ámbito local, generando un deterioro institucional progresivo.
La centralización, en estas condiciones, no sólo amenaza con agravar problemas operativos, sino también con concentrar poder en momentos clave del ciclo político. Si no se garantiza eficiencia, transparencia y resultados tangibles, el modelo podría derivar en una relación desigual entre federación y estados, con implicaciones que trascienden lo sanitario. La salud pública exige certezas, no experimentos; exige capacidad, no concentración. Y hoy, más que nunca, la discusión debe centrarse en cómo fortalecer el sistema, no en cómo absorberlo.
