Hay un patrón que la historia repite con una precisión casi matemática: los regímenes que aspiran al control total no comienzan silenciando a la prensa de un solo golpe. La domestican por partes, con lenguaje técnico, con consultas públicas, con la retórica impecable de los derechos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con los lineamientos que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta del 27 de julio al 21 de agosto, bajo el disfraz de garantizar los “derechos de las audiencias”.
Que quede claro desde el primer párrafo: nadie en su sano juicio se opone a que la ciudadanía reciba información veraz, a que se distinga la opinión de la noticia, o a que exista un derecho de réplica bien regulado. El problema no es el enunciado. El problema es quién lo enuncia, con qué historial y para qué fin último.
Y el fin último, en el México del llamado “humanismo mexicano” —esa cuarta etapa de un proyecto que ya lleva un transexenio acumulando poder sin dique que lo contenga—, es concentrar lo poco que aún se le resiste. El Poder Judicial ya fue rediseñado a modo. El Instituto Nacional Electoral fue debilitado en su autonomía presupuestal y política. Los organismos autónomos fueron desaparecidos o absorbidos. ¿Qué le queda al régimen por conquistar? La prensa. Específicamente, esa prensa que no vive de la nómina oficial, que no repite el guion de la mañanera como catecismo, que se atreve a preguntar en lugar de aplaudir.
La Presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con esa suavidad que ya es marca registrada del obradorismo heredado: “no es estar multando”, “es un proceso de autorregulación”. Palabras que, leídas con cuidado, son la antesala perfecta de lo contrario. Porque cuando el Estado define qué es “información veraz” y qué es “información descontextualizada”, cuando exige que cada medio nombre a su propio “defensor de audiencias” bajo criterios que la propia Comisión puede calificar de insuficientes, y cuando al final del proceso de queja aparece la palabra “sanciones y multas económicas”, lo que se ha construido no es un mecanismo de protección ciudadana. Es un embudo regulatorio con capacidad de asfixiar económicamente a cualquier medio incómodo.
La consejera jurídica Luisa María Alcalde fue todavía más reveladora al insistir en que los lineamientos buscan que “no haya laxitud, subjetividad o discrecionalidad en la interpretación”. Pero la subjetividad y la discrecionalidad son, precisamente, la esencia de cualquier aparato de censura disfrazado de norma técnica: el poder decide, caso por caso, qué información es “veraz” y cuál no, quién merece el beneficio de la duda y quién será candidato a la multa ejemplar. No hace falta prohibir un medio para silenciarlo. Basta con volver económicamente inviable el ejercicio de informar con libertad.
A esto se suma un dato que no puede pasarse por alto: estos lineamientos son obligatorios para concesionarias de radio y televisión abierta, de paga, y programadoras de uso comercial, público y social. Es decir, el radar regulatorio ya cubre prácticamente todo el espectro de medios electrónicos del país. El siguiente paso, no hace falta ser adivino para preverlo, será extender la lógica hacia los medios digitales, hacia los portales independientes, hacia quienes hacemos periodismo de opinión sin más patrocinador que nuestros lectores.
No dudo —y lo escribo sin el menor titubeo— que lo van a lograr. Que en algún momento, bajo el mismo lenguaje de “derechos de las audiencias” y “autorregulación”, comenzarán a multar a los medios que se nieguen a ser complacientes. Que la letra pequeña de estos lineamientos se convertirá en el instrumento perfecto para asfixiar financieramente a quien no se alinee. El régimen tetratransformista ya lo tiene todo: el Congreso, el Poder Judicial, el árbitro electoral. Le faltaba la prensa, y ahora va por ella con la sonrisa más peligrosa de todas: la de quien dice que lo hace por nuestro bien.
Los derechos humanos no son piezas intercambiables que se sacrifican unos por otros según convenga al poder en turno. El derecho a la información veraz no puede construirse sobre las cenizas de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Cuando un gobierno empieza a regular con tanto detalle quién puede hablar, cómo debe hablar y bajo qué designación de “defensor” debe hacerlo, no está protegiendo audiencias: está domesticando voces.
La consulta pública terminará el 21 de agosto. Lo que empiece después de esa fecha bien podría marcar el momento en que México dejó de tener, siquiera nominalmente, un cuarto poder libre de la injerencia del gobierno.
