En Aguascalientes aprendimos a hablar del agua desde la ciudad: pozos, tandeos, fugas. Pero en el campo la historia es otra, y las cifras oficiales obligan a contarla con precisión.
Según los datos de concesión de la Conagua y el Instituto del Agua del Estado, el 57% del volumen del acuífero está destinado al sector agrícola, frente a 35% de uso público urbano y apenas 7% industrial. Es más del doble que cualquier otro uso, y sigue siendo la variable que decide el futuro hídrico del estado. Para dimensionarlo: a nivel nacional, la agricultura utiliza alrededor del 76% del agua concesionada en México, así que Aguascalientes está, paradójicamente, por debajo del promedio nacional. Eso no debería tranquilizarnos, pero sí obliga a preguntar por qué, siendo menos dependientes que el resto de México, seguimos sin resolver el problema.
Mientras algunas agroindustrias avanzan hacia la tecnificación total —riego por goteo, sensores de humedad, cultivos menos demandantes—, el Censo Agropecuario 2022 del INEGI confirma que seis de cada diez hectáreas del estado siguen siendo de temporal: 60.9%, frente a 39.1% de riego. Traducido a números duros: 75,502 hectáreas dependen todavía de que llueva, repartidas entre 12,588 unidades de producción. Los cultivos más expuestos son el maíz forrajero, el maíz de grano blanco y el frijol. No es nostalgia. Es presente, y es mayoría.
Este año, el Gobierno del Estado —a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial— entregó semilla mejorada de maíz y frijol, además de composta y pólizas del Seguro Agrícola Catastrófico, a cerca de 2 mil productores de temporal en todo Aguascalientes. El esquema cubre 80% del costo de la semilla, hasta 900 pesos por hectárea, con un tope de cinco hectáreas por productor. Es un programa estatal, no federal, y conviene decirlo así: en un año en que la relación entre los gobiernos estatal y federal se lee políticamente en cada anuncio, atribuir mal el origen de un apoyo no es un matiz menor. Son productores que pueden hacer todo bien, menos una cosa: hacer que llueva.
Tecnificar es indispensable. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién puede pagar esa modernización y quién se queda afuera? No todas las migraciones se explican por la lluvia —sería simplista decir eso—, pero también sería ingenuo no ver que cuando sembrar se vuelve una apuesta contra el cielo, muchos jóvenes dejan de mirar la tierra y miran hacia otro lado.
El Censo Agropecuario 2022 lo confirma con una cifra que debería inquietarnos más de lo que lo hace: 43.5% de los productores del país tiene entre 46 y 64 años, y 29.3% supera los 65. El campo mexicano —y el de Aguascalientes no es la excepción— envejece más rápido de lo que se renueva.
Entonces la pregunta no es solo si el campo se moderniza, sino si esa modernización va a incluir o va a expulsar.
Quizás la verdadera crisis no sea solo quedarnos sin agua, sino quedarnos sin quienes quieran seguir trabajando la tierra.
Al tiempo y a su opinión.
