La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI recientemente presentada contó 1,539,174 habitantes, 113,567 más que en 2020. Aguascalientes ya figura entre los diez estados que más población atraen, con un saldo neto migratorio interno de 1.7%. Es el punto de partida de un fenómeno que otras ciudades ya vivieron y que es momento de llevar a la discusión pública.
Con información obtenida de varios portales especializados en rentas y ventas de inmuebles, en la Ciudad de México, un departamento de dos recámaras costaba en junio de 2026 en promedio 21,921 pesos mensuales, 9.6% más que un año antes, con una inflación de 3.6%. La respuesta llegó tarde: la Suprema Corte validó que los aumentos de renta no superen la inflación del año anterior, que fue de 3.69%. En Guadalajara, el índice de la SHF registró un alza anual de 9.81% en los precios de vivienda del área metropolitana en el primer trimestre de 2025, y apenas en marzo de 2026 una comisión del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen para limitar las rentas a la inflación.
Monterrey es el caso mejor documentado. La renta de un departamento de dos recámaras pasó de 14,969 a 25,527 pesos entre 2018 y mayo de 2026, un incremento de 70%, mientras el salario promedio del IMSS subió de 12,600 a 21,714 pesos. El costo social ya se mide: en los municipios en expansión del área metropolitana, cinco de cada diez nuevos residentes vienen de municipios consolidados, y mudarse a la periferia dejó de ser una elección para volverse la única respuesta posible.
La secuencia se repite. Llega demanda con mayor poder adquisitivo, los precios se despegan de los salarios locales, las familias de menores ingresos se van a la periferia sin servicios y, cuando el daño es visible, aparece la regulación. En las tres ciudades, algunas de las principales respuestas regulatorias llegaron cuando la presión sobre la vivienda ya era evidente.
Aguascalientes ya presenta señales. En el primer trimestre de 2026 el precio de la vivienda subió 11.7% anual, uno de los cinco mayores aumentos del país, por encima del promedio nacional de 8.7%. Una representante inmobiliaria local atribuyó a la gentrificación y a las plataformas de hospedaje temporal alzas de renta de hasta 11%. Con 66.83% de la población concentrada en un solo municipio y 19.8% de los hogares en renta, un flujo sostenido de familias con ingresos superiores al promedio local podría ejercer una presión considerable sobre determinadas zonas del mercado de vivienda.
Aguascalientes tiene algo que las otras ciudades no tuvieron: tiempo. Pero ese margen se agota cada vez que se autoriza un fraccionamiento sin una visión del área metropolitana a largo plazo.
Un crecimiento poblacional como el que describe el INEGI exige información oportuna sobre desplazamientos, presión sobre el transporte, disponibilidad de agua y comportamiento del mercado de vivienda. Y esa información debe llegar a quienes deciden sobre el uso de suelo antes de tomar decisiones, no después. Si esas áreas no tienen la autonomía técnica, los recursos y el peso institucional para incidir, conviene decirlo con claridad y corregirlo. Si los tienen y no los ejercen, la responsabilidad es distinta, pero igual de seria.
Con la sucesión de 2027 en puerta, quienes aspiren a gobernar deberán decir si piensan fortalecer esas capacidades o seguir tratándolas como trámite. En Monterrey, Guadalajara y la capital del país el costo de planear tarde ya está documentado. Aquí todavía se puede elegir otra ruta.
Al tiempo… y a su opinión.
