Aguascalientes decidió crear su municipio número 12. El Congreso local aprobó la reforma al artículo 9 de la Constitución estatal, el decreto fue publicado, y la comunidad de Villa Juárez, hasta hoy parte de Asientos, quedó incorporada a la división territorial del estado. Fue un acto de una legislatura en ejercicio de una facultad propia. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dispone a deshacerlo.
El proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propone invalidar el Decreto 566. El argumento es de calendario: el decreto se habría publicado dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral local, que arrancó el 9 de octubre. La acción de inconstitucionalidad la promovió Morena. La votación está prevista para estos días.
Conviene distinguir lo jurídico de lo político. Si una norma electoral no puede modificarse en cierto periodo, la Corte tiene derecho a revisarlo. Pero la creación de un municipio es una decisión de organización territorial que corresponde a las entidades. Que un tribunal federal la anule por un tecnicismo de fechas, después de un proceso legislativo que incluyó foros, análisis de especialistas y la aprobación de los ayuntamientos, no es un trámite menor. Es una intromisión en la autonomía del estado para decidir cómo se organiza.
Hay además una lectura de fondo. Cuando se obstaculiza por la vía procesal lo que no se pudo frenar en la discusión pública, lo que se impone es la voluntad de quien tiene el recurso para hacerlo. La libre determinación de las regiones no puede depender de que un partido, desde fuera, encuentre el resquicio para revertirla.
Esto no implica que el debate local carezca de sustancia. La viabilidad financiera del nuevo municipio ha sido cuestionada por economistas y organizaciones, hay vecinos de la zona que se oponen, y queda por resolver qué pasa con Asientos y con la geografía electoral. Esas son discusiones legítimas, y le corresponde darlas a Aguascalientes: a su Congreso, a sus municipios y a sus ciudadanos. No a una ponencia que, con base en una fecha, resuelve por todos.
Queda otra pregunta, que es de prioridades. La Suprema Corte tiene un rezago considerable de asuntos de enorme impacto social. Uno de ellos es la discusión sobre las reformas que redujeron el plazo legal para abortar en Aguascalientes, aplazada en repetidas ocasiones. Resulta difícil de explicar que haya urgencia para resolver sobre Villa Juárez y paciencia para aquello que lleva meses esperando.
¿Será casualidad? ¿O el interés por este expediente tiene que ver con la forma en que la gobernadora Teresa Jiménez ha ido ganando proyección nacional? No hay manera de probarlo, y quizá nunca la haya. Pero cuando un tribunal alinea su agenda con el interés político de quien promovió el recurso, la sospecha deja de ser maledicencia y pasa a ser una consecuencia previsible. La Corte debería cuidar esa percepción, porque su autoridad depende de que se le crea imparcial.
Aguascalientes ya decidió. Lo que está en juego ahora es si esa decisión puede sostenerse frente a quienes prefieren corregirla desde el centro. Si la Corte la invalida, el mensaje será claro: las regiones pueden decidir, siempre que alguien más lo permita.
Al tiempo… y a su opinión
