Más allá de lo contradictorio que resulta leer noticias sobre las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral, encontrarse este lunes en Aguascalientes con trabajadores del propio organismo exigiendo mejores salarios y condiciones laborales ofrece una imagen que merece una reflexión.
Y no se trató de una protesta aislada. De los 841 módulos de atención ciudadana del INE en el país, 544 suspendieron actividades. Es decir, el 64.7 por ciento de estas oficinas dejó de prestar servicio durante la jornada. Una dimensión que convierte la inconformidad laboral en un asunto de relevancia institucional.
En Aguascalientes, los manifestantes denunciaron que perciben aproximadamente 9 mil 800 pesos mensuales, una remuneración que aseguran no ha sido actualizada en doce años. A ello sumaron sobrecarga laboral, capacitaciones obligatorias fuera de sus horarios y la necesidad de adquirir con recursos propios insumos tan elementales como papel sanitario y focos para mantener funcionando sus instalaciones.
Pero hubo un señalamiento particularmente interesante: los trabajadores aseguraron que sobre ellos recae buena parte de la responsabilidad de mantener los estándares asociados con las certificaciones ISO 9000 de los módulos.
Y aquí surge una interrogante. Si efectivamente la calidad de los procesos depende de este personal, ¿cómo respondería una institución certificadora ante una suspensión indefinida de actividades? Un paro no significa automáticamente perder una certificación, pero difícilmente una interrupción prolongada podría considerarse irrelevante para evaluar la continuidad y calidad de los servicios.
El problema adquiere otra dimensión ante las elecciones de 2027. Organizar una elección exige meses de preparación, coordinación y estabilidad operativa. Llegar a su antesala con trabajadores inconformes, trámites acumulados y amenazas de suspensión indefinida representaría una presión adicional para una institución que necesita concentrarse en garantizar certeza a los ciudadanos.
Por fortuna, la jornada concluyó con un acuerdo que contempla un incremento salarial base del 6 por ciento a partir de enero de 2027 y la reanudación de actividades este martes. Sin embargo, todavía será necesario comprobar si los compromisos alcanzados resultan suficientes para resolver las causas de la protesta.
Es comprensible que las decisiones salariales estén sujetas a restricciones presupuestales y administrativas. También lo es que los trabajadores esperen condiciones acordes con sus responsabilidades. Precisamente por eso, el diálogo institucional debe evitar que las diferencias lleguen al extremo de paralizar servicios públicos.
El INE necesita preservar su autonomía, su profesionalización y la confianza ciudadana. Y para conseguirlo también debe prestar atención a las condiciones de quienes sostienen su operación cotidiana.
Porque la democracia no solamente se construye en las urnas. También se trabaja en las ventanillas donde se atiende a millones de mexicanos.
Y entonces, ¿de qué serviría presumir procesos electorales certificados y estándares de calidad si las condiciones laborales de quienes deben sostenerlos terminan poniendo en riesgo su continuidad?
Al tiempo… y a su opinión
