La semana deja una fotografía que incomoda por su crudeza. En el sureste, la tercera caravana hondureña del otoño —bautizada “Dios con nosotros”— ingresó a Chiapas con alrededor de mil personas procedentes de San Pedro Sula, precedida por otras dos caravanas salidas en septiembre y octubre.
Según los reportes, muchos partieron creyendo que el triunfo demócrata en Estados Unidos abriría oportunidades migratorias.
En el occidente -el mismo día en que Trump amenazó con duplicar aranceles por esa caravana– un ciudadano hondureño fue detenido, tras un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicnao y una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento de Estado de Estados Unidos documentó el 8 de octubre de 2026, en su Informe sobre Trata de Personas, que los cárteles mexicanos —CJNG y Sinaloa— dispararon el reclutamiento forzado y por falsas ofertas de empleo contra migrantes y jóvenes para cubrir bajas territoriales.
Es decir: la misma población que Washington observa como presión electoral o migratoria es, en territorio mexicano, cantera invisible del narco.
De Tapachula a Ocotlán hay más de 1,300 kilómetros, pero ambos hechos pertenecen al mismo expediente.
La contención por agotamiento en Chiapas —miles de centroamericanos varados o desgastados en carreteras del sur— y la vigilancia sin trazabilidad en el occidente dejan a los migrantes atrapados en tierra de nadie, donde la única oferta de “empleo” o protección termina en una camioneta blindada con un Barrett .50.
Mientras tanto, la política exterior se reduce a amenazas arancelarias que no atienden la misma falla de origen: un modelo que contiene personas sin protegerlas y persigue delitos sin desmantelar los mercados que los alimentan, y un país que no es capaz de ofrecerle algo mejor a nacionales y extranjeros que una plaza de sicario.
