Aguascalientes ya tiene doce municipios. El más reciente es Villa Juárez, cuya creación fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que todavía no tiene es una fecha para que sus habitantes puedan elegir a quienes habrán de gobernarlos.
La situación resulta paradójica. Se promovió la creación de un municipio bajo el argumento de otorgar mayor autonomía a sus habitantes, pero el proyecto original contemplaba que sus primeras autoridades fueran designadas por el Congreso del Estado.
En septiembre, los diputados iniciaron un procedimiento para seleccionar a siete integrantes de un Concejo Municipal Provisional, incluida su presidencia. Se registraron 33 aspirantes y comenzaron las entrevistas para decidir quiénes ocuparían esos cargos.
Es decir, mientras a los habitantes de Villa Juárez se les prometía independencia administrativa, se preparaba un gobierno cuyos integrantes serían escogidos por los legisladores y no mediante el voto ciudadano.
Una representación impuesta, contraria a toda lógica democrática. Porque resulta contradictorio crear un municipio para que sus habitantes tengan mayor autonomía y, al mismo tiempo, pretender decidir por ellos quién debe gobernarlos.
La Suprema Corte terminó por invalidar las disposiciones relacionadas con la elección del primer ayuntamiento y la integración del concejo provisional. El problema fue que el Congreso aprobó modificaciones electorales fuera del plazo constitucional permitido.
La creación del municipio sobrevivió, pero su calendario electoral quedó sin efectos.
Sin embargo, la propia Suprema Corte merece un cuestionamiento. Más allá de los plazos constitucionales y las disposiciones administrativas, debió colocar en el centro de su resolución el derecho de los ciudadanos a decidir quién los gobierna.
Es verdad que la Corte tenía la obligación de hacer respetar la Constitución. Pero también resulta legítimo preguntarse si las consecuencias de su resolución fueron suficientemente consideradas desde la perspectiva de quienes terminaron afectados por la incertidumbre electoral.
Porque las instituciones y sus procedimientos existen para garantizar los derechos de las personas, no para convertirlos en una consecuencia secundaria de las decisiones burocráticas.
El Congreso se equivocó al establecer las reglas y la Suprema Corte corrigió la violación constitucional. Sin embargo, en medio de resoluciones, plazos y procedimientos, los habitantes de Villa Juárez siguen sin tener una fecha para elegir a sus gobernantes.
Y entonces surge una pregunta que debería incomodar tanto a los legisladores como a los ministros: ¿quién está defendiendo el derecho de los ciudadanos a decidir quién los gobierna?
Ahora corresponde nuevamente al Congreso determinar cuándo se celebrará una elección extraordinaria. Mientras tanto, Villa Juárez no participará en los comicios municipales ordinarios de 2027.
La autonomía municipal no consiste solamente en modificar un mapa, establecer nuevos límites territoriales o colocar otro nombre en la Constitución. Implica también que los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir quién administra sus recursos, presta sus servicios públicos y responde por las decisiones de gobierno.
Por supuesto, la creación de un municipio exige una transición administrativa y jurídica. Pero esa necesidad no debería convertirse en justificación para sustituir la voluntad popular por acuerdos entre partidos o decisiones de una mayoría legislativa.
Tampoco se trata de desconocer las disposiciones constitucionales ni las facultades de los distintos poderes. Se trata de recordar que detrás de cada expediente, cada decreto y cada sentencia existen personas cuyos derechos deben ser la razón fundamental de las decisiones públicas.
Villa Juárez merece comenzar su historia institucional con reglas claras, autoridades legítimas y una fecha cierta para acudir a las urnas.
El Congreso ya decidió que Villa Juárez puede ser municipio. La Suprema Corte confirmó su existencia. Pero sus habitantes siguen esperando la oportunidad de decidir quién los gobierna.
Porque una democracia en la que las instituciones toman todas las decisiones y los ciudadanos solamente esperan difícilmente puede presumirse como tal.
Al tiempo… y a su opinión.

