Continuidad con sentido institucional en la CDHEA
El próximo 15 de diciembre no es una fecha menor para la vida pública de Aguascalientes. La definición sobre la continuidad o no del proyecto al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEA) representa mucho más que un relevo administrativo: es una decisión sobre el tipo de institución que queremos consolidar en materia de defensa de derechos fundamentales. En ese contexto, la permanencia de Yessica Pérez Carreón se vuelve no sólo pertinente, sino necesaria.
En tiempos donde el ruido suele imponerse al trabajo silencioso, la gestión de Yessica Pérez ha demostrado que la defensa de los derechos humanos no requiere estridencia para ser efectiva. Su conducción ha estado marcada por una visión de conciliación, diálogo y responsabilidad institucional, muy lejana de quienes entienden estos organismos como plataformas de protagonismo personal o de confrontación mediática.
Durante su encargo, la CDHEA ha evitado caer en el terreno del morbo, especialmente en temas tan delicados como las cárceles, los centros de detención o las actuaciones policiales. Esto no significa omisión ni complacencia; por el contrario, implica un ejercicio mucho más complejo y maduro: investigar con rigor, señalar con sustento y, sobre todo, construir soluciones reales que corrijan prácticas, reparen daños y prevengan futuras violaciones.
Las recomendaciones espectaculares, redactadas para generar titulares escandalosos, pueden servir para la autocelebración de quien las emite, pero rara vez contribuyen a mejorar las instituciones. En cambio, el trabajo puntual, prudente y certero que ha caracterizado a la CDHEA bajo el liderazgo de Yessica Pérez ha privilegiado la eficacia sobre la estridencia, el fondo sobre la forma, y la solución sobre el aplauso momentáneo.
Otro elemento relevante es la relación institucional que se ha logrado construir, particularmente con las corporaciones de seguridad. Defender los derechos humanos no implica criminalizar de manera automática a las instituciones policiacas, sino exigirles profesionalismo, apego a la ley y respeto a la dignidad humana, sin romper los puentes de comunicación. Esa línea fina entre la firmeza y la colaboración ha sido cuidada con responsabilidad, entendiendo que la protección de derechos también pasa por fortalecer a las instituciones, no por debilitarlas desde el discurso.
En este mismo sentido, si con altura de miras los legisladores ponderan el buen trabajo y la estabilidad institucional, no deberían dudar en sumar a Wilfrido Salazar, quien además representa los valores y el respeto de un amplio número de organizaciones de la sociedad civil. No está de más decirlo con claridad: se trata de una persona íntegra, honesta y con un compromiso probado con las causas sociales. Su incorporación no sólo fortalecería el proyecto, sino que enviaría un mensaje claro de apertura, profesionalismo y reconocimiento a trayectorias construidas desde la ética y la coherencia.
La continuidad del proyecto también significa estabilidad. En organismos como la Comisión de Derechos Humanos, los resultados no siempre son inmediatos ni espectaculares; se construyen con procesos, con confianza y con trabajo sostenido. Romper una dinámica que ha dado resultados comprobables, sólo para dar paso a experimentos personalistas, sería un retroceso innecesario.
Yessica Pérez Carreón ha demostrado que se puede ejercer la defensa de los derechos humanos con seriedad, sin reflectores, pero con impacto. Ha puesto el acento en las víctimas, no en su imagen; en la mediación, no en la confrontación; en la responsabilidad institucional, no en la tentación del escándalo.
Por todo ello, el 15 de diciembre debe entenderse como una oportunidad para reafirmar un modelo de derechos humanos que le ha servido a Aguascalientes: uno que apuesta por la prudencia, la eficacia y la solución de fondo. Mantener la continuidad no es apostar por la inercia, sino por una institucionalidad madura que entiende que el protagonismo no protege derechos; el trabajo serio, sí.
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