Basada en los pilares de la llamada “austeridad republicana” y la centralización administrativa, la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum —que se enviará formalmente al Congreso en febrero de este año— busca rediseñar la forma en que se vota, se financia y se representa a los ciudadanos en cada rincón del país.
Aunque todavía no existe una iniciativa final, aquí van algunos apuntes sobre las propuestas que ha lanzado Morena, incluyendo las presentadas desde 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, otras que se quedaron en el tintero y algunas más declaradas por la Presidenta, que van desde rediseñar el esquema de las mayorías representativas hasta la extinción de los institutos locales, bajo la premisa de abaratar el voto.
En principio, se propone un golpe seco a la estructura financiera de los partidos. ¡Genial! Se pretende que estos ya no recibirán dinero por el número de ciudadanos en el padrón, sino por el voto real emitido. A simple vista parece justo; en esencia, es lo ideal: “partido que no moviliza, no cobra”.
Al quitar el financiamiento público, el Estado renuncia a su única herramienta de control sobre los candidatos y les entrega una sola opción para sobrevivir: buscar patrocinadores en las sombras.
Sin prerrogativas ordinarias para mantener comités y brigadas, el vacío será absoluto. El problema es que, en política, el vacío no existe: se llena. ¿Con qué? Con efectivo que no deja rastro, con camionetas que no se reportan al SAT y con “operadores” que no cobran sueldo porque el voto lo ganan con un “cuerno de chivo”. En la práctica, esto ya sucede, y eso sin que aún tengamos la reforma.
La eliminación —o reducción drástica— de las listas plurinominales obliga a cada político a “caminar la tierra”. En teoría suena a democracia pura, pero veamos nuestra triste realidad:
En el México de las regiones silenciadas, donde gobiernan los “chapitos”, los “mayitos” o los “menchitos”, esta regla es una sentencia de muerte. Ahí están los ejemplos de Culiacán, Tierra Caliente o Zacatecas.
En municipios donde el crimen organizado decide quién entra y quién sale, “caminar la tierra” significa pedir permiso. Sin la protección de una lista plurinominal, los perfiles técnicos o ideológicos de los partidos desaparecen. Solo sobreviven los candidatos que pueden costear su propia seguridad o aquellos que han pactado una “paz” territorial.
Mucho se habla de cómo la reforma afectará al Congreso Federal, de si el PVEM o el PT votarán a favor, pero poco se dice de la reducción en los congresos locales. En estados donde un partido es hegemónico (como el PAN en Aguascalientes), la eliminación de las pluris podría dejar a las fuerzas minoritarias sin voz en las leyes locales, concentrando el poder en quien gane la mayoría de los distritos. Es decir: adiós al PRI, adiós a Movimiento Ciudadano.
Aguascalientes tiene actualmente un Congreso de 27 diputados (18 de mayoría y 9 plurinominales). Con la reforma, el número se reduciría. Al eliminar la representación proporcional, partidos que hoy tienen voz por esta vía —como Morena en el estado, MC o el PVEM— quedarían fuera. En estados donde la participación es baja o los partidos pequeños no logran movilizar masas, su presupuesto se desplomaría, dificultando su supervivencia frente a las estructuras gubernamentales. Paradójicamente, en Aguascalientes el PAN suele arrasar; sin “pluris”, el Congreso local sería de un solo color, eliminando los contrapesos. Algo similar a lo que Morena busca a nivel federal.
Se han planteado límites estrictos al número de regidores según la población. Muchos ayuntamientos pasarían de 12 regidores a solo uno o dos. Se reduce la nómina municipal, ¡bien ahí!, pero también disminuye la pluralidad en la vigilancia del gasto de los alcaldes. ¡Ups!
Otro dardo es la desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y los tribunales estatales. El INE se transformaría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), bajo el argumento de eliminar la “duplicidad de funciones”. Así, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes dejaría de existir, lo que implica deshacerse de una estructura de 100 trabajadores permanentes y hasta 500 temporales. Ya no habría consejeros locales para resolver urgencias en los municipios; todo se gestionaría desde la capital del país.
Aún no sabemos si será un simple cambio de nombre o una liquidación masiva. ¿Se acuerdan del revuelo que se armó cuando extinguieron la Policía Federal o Notimex? El IEE tiene una estructura profesionalizada: los consejeros serían cesados de inmediato. Pero se llevarían “entre las patas” al personal de carrera: especialistas en derecho electoral, cartografía y organización que quedarían en la calle. Hasta donde sabemos, la reforma no contempla una transferencia automática de plazas; busca eliminarlas para generar el ahorro prometido.
La extinción implicaría también la liquidación de activos: el edificio sede y sus bodegas pasarían al INEC o al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). El software del PREP local —uno de los más rápidos y confiables del país— quedaría obsoleto al implementarse un sistema centralizado, desechando años de inversión tecnológica local. Urnas y mamparas serían recicladas o destruidas, pues el nuevo diseño de “boleta y casilla única” federal las invalidaría.
Más allá de lo laboral, el INEC enfrentaría una peligrosa “curva de aprendizaje”. El personal del IEE conoce cada rincón, desde El Llano hasta la sierra de Calvillo. El personal federal, aunque profesional, carece de la sensibilidad sobre los conflictos locales. Despedir a los expertos para contratar “supervisores federales” externos derivará en errores logísticos graves en 2027. Y ni hablemos de los finiquitos: si el IEE desaparece por decreto federal, el gobierno de Tere Jiménez podría verse obligado a pagar millones de pesos en liquidaciones de un plumazo.
Aguascalientes vivirá elecciones totales en 2027 (Gubernatura, alcaldías y Congreso). Sin tribunal local, las impugnaciones se resolverán en salas regionales federales, saturando la capacidad operativa e ignorando las particularidades de la región. El riesgo técnico es el más crítico: el INEC tendría menos de un año para aprender lo que al IEE le tomó 30 años perfeccionar.
Instalar casillas en lugares que parecen lógicos en un mapa de la CDMX, pero que en Aguascalientes son zonas de conflicto o de coacción del voto, podría hacer colapsar la logística. Si el sistema centralizado falla la noche de la elección ante la carga de los 32 estados, el vacío de información se llenará con rumores de fraude. Seguramente habrá quien, como Manuel Bartlett, diga que no pasa nada.
Organizar una elección de Gobernador, 11 alcaldías y el Congreso toma por lo menos 18 meses de preparación. Si la reforma se aprueba a finales de 2026, el INEC tendrá que aprender y ejecutar al mismo tiempo. Sería como intentar cambiar el motor de un avión en pleno vuelo. En un estado acostumbrado a procesos estables, la improvisación federal podría ser el mayor foco de inestabilidad en décadas.
Por lo pronto, queridos lectores, esto son puros apuntes de una reforma que, sin duda, sigue generando debate.
