La reciente declaración de Claudia Sheinbaum en la 89 Convención Bancaria plantea un objetivo que, en papel, luce moderno y necesario: obligar a que los pagos en gasolineras y casetas sean digitales antes de que termine 2026. La intención de reducir el uso de efectivo —que aún domina cerca del 80% de la economía— es correcta. Sin embargo, la historia reciente de herramientas como CoDi y DiMo demuestra que el problema no es de infraestructura, sino de incentivos, hábitos y confianza.
México no carece de tecnología. El sistema SPEI ha probado su eficiencia durante años. Pero la adopción de soluciones digitales no ha crecido al ritmo esperado. Los números son contundentes: millones de cuentas registradas, pero un uso marginal. Es decir, el ciudadano promedio no ha integrado estas herramientas a su vida cotidiana. Y ahí es donde la política pública comienza a tropezar: se pretende imponer una conducta que ni el mercado ni los usuarios han adoptado voluntariamente.
En Aguascalientes, este debate adquiere una dimensión aún más concreta. Un estado con alto dinamismo industrial, pero también con una economía local profundamente arraigada en el comercio tradicional. Desde tienditas de barrio hasta proveedores en el Centro Comercial Agropecuario, el efectivo sigue siendo el lenguaje común. Obligar a digitalizar pagos en sectores como gasolineras, el libramiento o las casetas para ingresar al estado de Encarnación de Díaz (Jalisco) y Luis Moya (Zacatecas), podría parecer un primer paso lógico, pero no necesariamente será un catalizador automático para el resto de la economía local. Al contrario, podría generar fricciones innecesarias en un ecosistema donde la informalidad y la confianza interpersonal siguen siendo pilares.
El fondo del problema es incómodo: los bancos no tienen incentivos para empujar sistemas como CoDi o DiMo. Su modelo de negocio descansa en comisiones por transacciones, retiros y uso de tarjetas. Promover masivamente herramientas sin comisión implica ir contra su propia lógica financiera. En un país con más de 11 mil sucursales bancarias —cada una con altos costos operativos—, la digitalización sin rentabilidad no es una prioridad natural para el sistema financiero. Pretender que lo sea por decreto es desconocer cómo funcionan los incentivos económicos.
Aguascalientes, con su aspiración de modernidad y competitividad, podría ser un laboratorio interesante para una transición digital real, pero no forzada. La clave no está en obligar, sino en generar valor tangible para el usuario: seguridad, rapidez, beneficios fiscales o incluso incentivos directos. Si pagar digitalmente no representa una ventaja clara frente al efectivo, el cambio será superficial o, peor aún, simulado.
El modelo podría funcionar si se introduce de manera gradual, permitiendo que los usuarios se sumen a su propio ritmo, como ocurrió con la banca electrónica o el pago de servicios en línea -que por cierto regresaron al efectivo-.
No es difícil anticipar que una medida de este tipo, tomada sin dimensionar su impacto en comunidades como las de Aguascalientes, termine generando resistencias. Cuando las decisiones se imponen desde el decreto y no desde la realidad, la gente y las empresas encuentran la manera de rodearlas y volver al efectivo. Siguen siendo políticas que, montadas en el “caballo de hacienda”, avanzan rápido… pero directo al fracaso.
