A Opinión del 10/12/24

La fragilidad de la agenda ambiental en México

La agenda ambiental en México evidencia una contradicción preocupante: mientras el país es reconocido como una de las naciones más megadiversas del mundo, el gobierno destina cada vez menos recursos a la protección y conservación del medio ambiente. Este desinterés institucional no solo pone en riesgo los ecosistemas y los servicios que ofrecen, sino también a las comunidades que defienden sus territorios en un contexto de violencia y militarización creciente.

De acuerdo con la organización Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa), el presupuesto destinado al sector ambiental ha tenido una disminución sistemática en los últimos años. Aunque en 2022 y 2023 hubo un tímido repunte, los niveles de inversión no han alcanzado los montos registrados entre 2012 y 2016. Lo alarmante es que, para 2024, se proyecta una nueva caída del 11.4 %, con recursos que seguirán concentrados en grandes obras hidráulicas, dejando de lado áreas clave como la reforestación, la protección de especies y la mitigación de los impactos del cambio climático.

La devastación es evidente. La deforestación, por ejemplo, sigue siendo un problema crítico, especialmente en el sur y sureste del país, donde se encuentran ecosistemas tan vitales como la selva maya. Tan solo en 2021, México perdió 118,490 hectáreas de selvas húmedas y secas, una cifra que representa el 70.6 % de toda la deforestación registrada ese año. Este fenómeno no solo se explica por la expansión de actividades agroindustriales y turísticas, sino también por proyectos gubernamentales como el Tren Maya, cuya construcción ha eliminado más de 6,659 hectáreas de selva, en muchos casos sin contar con los permisos legales necesarios.

La deforestación no es el único problema. La degradación forestal, más difícil de medir pero igualmente devastadora, amenaza con reducir aún más la capacidad de los bosques para proporcionar servicios ecosistémicos esenciales, como la recarga de acuíferos, la retención de suelos y la captura de carbono. A esto se suma el aumento de incendios forestales, que en 2023 alcanzaron cifras récord con más de 7,477 incidentes registrados, afectando un millón de hectáreas.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), encargada de enfrentar estos retos, ha visto cómo su presupuesto se ha reducido a la mitad en comparación con lo que recibía hace una década. Este debilitamiento financiero tiene consecuencias palpables: menos programas de reforestación, menor capacidad para combatir incendios y plagas, y una gestión forestal cada vez más limitada.

Frente a esta realidad, el contraste no podría ser más evidente. Por un lado, México se promueve como un líder en biodiversidad y anfitrión de eventos internacionales sobre cambio climático; por otro, su política ambiental carece de los recursos y la voluntad política necesarios para responder a los retos que plantea una crisis climática global que ya está cobrando factura.

Las comunidades en el sur del país lo saben bien. Para ellas, la defensa del territorio es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, su lucha ocurre en un contexto de criminalización y violencia, donde la militarización y el avance del crimen organizado añaden una capa de riesgo y complejidad.

El futuro ambiental de México pende de un hilo. Urge replantear las prioridades presupuestales y garantizar que la preservación de los ecosistemas sea el eje rector de las políticas públicas, no un tema secundario. De lo contrario, el costo de esta negligencia lo pagaremos todos, con un país menos diverso, menos resiliente y menos habitable.

¿Qué tipo de nación queremos construir si estamos dispuestos a sacrificar los ecosistemas que sostienen nuestra vida y nuestra identidad?

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