A Opinión del 8/4/25

El verdadero riesgo de judicializar la política en TikTok: desinformación, promesas vacías y opacidad digital

El pasado 31 de marzo, dieron inicio las campañas para la histórica elección del Poder Judicial en México, en la que más de 3,000 candidatos compiten por 881 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces de distrito.

Es comprensible que los aspirantes recurran a plataformas de alto alcance como TikTok e Instagram para promocionar sus campañas, especialmente considerando las restricciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíben la publicidad pagada, obligándolos a generar contenido orgánico.

Sin embargo, más allá de la forma en que se difunden estos mensajes, preocupa el fondo de los contenidos propagandísticos. La opacidad del algoritmo de TikTok y la falta de regulación de las plataformas digitales pueden facilitar la diseminación de desinformación sobre el sistema de justicia, distorsionando la percepción ciudadana acerca del funcionamiento del aparato judicial. La viralización de contenido desinformativo representa un riesgo significativo, ya que puede llegar a miles de usuarios sin un control adecuado.

Además, se observa que algunos candidatos están realizando promesas que exceden las funciones administrativas de los magistrados, como la disposición del presupuesto federal para crear fondos de reparación para víctimas de diversos delitos. Esto es preocupante, ya que el sistema judicial en México es complejo y lleno de tecnicismos que no son fácilmente accesibles para la mayoría de la ciudadanía. Lejos de fomentar una educación legal adecuada, estas campañas podrían incrementar la desinformación y generar falsas expectativas en la población.

Durante la primera semana de campañas, los contenidos informativos han predominado sobre las disputas políticas entre candidatos. Herramientas de análisis como Brand24 indican que los medios con presencia en plataformas digitales alcanzaron una mayor audiencia que los propios candidatos en redes sociales. Asimismo, se han registrado contenidos audiovisuales de amplio alcance que señalan la ineficiencia y desorganización de este proceso electoral.

Es fundamental considerar que, en estas elecciones, participan más de 3,000 candidatos para 881 cargos en el Poder Judicial. Esto plantea interrogantes sobre la futura toma de decisiones de los juristas electos. La comodidad que podría brindarles el respaldo de una elección democrática podría dificultar la impugnación o remoción de aquellos que no desempeñen adecuadamente sus funciones. ¿Cómo podría la judicatura remover a un funcionario que llegó al cargo por elección popular? Estas son cuestiones que deben ser abordadas para garantizar la integridad y eficacia del sistema judicial en México.