A Opinión del 23/6/25

Entre el ruido y la ley: motociclistas, convivencia y derecho a la movilidad en Jesús María

La reciente implementación del operativo “Motociclista Seguro” en Jesús María ha traído consigo un mensaje claro: la calle no es tierra de nadie. A poco menos de una semana del arranque formal del operativo para sancionar motocicletas modificadas, ya se han resguardado más de veinte unidades, principalmente por escapes que generan ruido excesivo. El presidente municipal, César Medina, ha señalado que la medida ya tiene resultados perceptibles: hay menos ruido en las calles y, de paso, el operativo ha permitido detectar unidades con reporte de robo o alteraciones en su número de serie.

Vivir en una ciudad implica respetar reglas mínimas para convivir. No se trata de criminalizar el uso de la motocicleta, sino de impedir que esta se convierta en una fuente de molestia y riesgo. Las multas, que van de los $4,500 a los $9,000, buscan no solo sancionar, sino corregir conductas, y el hecho de ofrecer descuentos a quienes se inscriban en cursos de concientización al volante revela una intención formativa, no únicamente recaudatoria.

Sin embargo, también es necesario reconocer que la aplicación del peso de la ley debe ir acompañada del compromiso del gobierno por garantizar condiciones dignas y seguras para quienes usan este medio de transporte. Porque si bien es justo sancionar a quien modifica su escape y convierte la ciudad en un estruendo, también lo es exigir que las calles cuenten con carriles adecuados para motos, buena visibilidad, señalización clara, mantenimiento constante y espacios de estacionamiento designados. De lo contrario, el mensaje se vuelve contradictorio: se exige respeto a la norma, pero no se ofrece infraestructura para cumplirla.

La motocicleta, en muchos casos, no es un lujo, sino una necesidad. Es el medio de transporte accesible para estudiantes, trabajadores, repartidores, madres y padres de familia. Por eso, no basta con castigar; también hay que habilitar. Las regulaciones son fundamentales —uso obligatorio de casco, luces encendidas, equipo de protección, límites de pasajeros y conducción responsable—, pero sin una ciudad que les dé soporte, terminan por excluir a quienes ya están al margen.

El operativo en Jesús María es, sin duda, un paso adelante en la construcción de una ciudad más ordenada. Pero para que sea también una ciudad más justa, es indispensable que el enfoque no sea sólo punitivo, sino integral. Que junto con las sanciones, vengan las condiciones. Que junto con el ruido que se apaga, se escuche también la voz de quienes quieren moverse con seguridad, sin ser estigmatizados. Porque el verdadero orden no nace del miedo a la multa, sino del respeto compartido entre ciudadanos y autoridades.