A Opinión del 1/7/25

Nos arrebataron la seguridad… y también la decisión

Al aprobar la nueva Ley de la Guardia Nacional, el Senado ha asestado un golpe certero, no solo a la seguridad pública civil, sino al principio más básico de cualquier democracia: el poder de decisión del ciudadano. Con 75 votos a favor y 34 en contra, una mayoría legislativa le ha quitado a la gente la posibilidad de definir cómo y con qué herramientas quiere ser protegida. En lugar de escuchar a la sociedad, se le impuso un modelo militarizado que responde más a una lógica de control que a una verdadera estrategia de paz.

La ley, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena y sus aliados, consolida el carácter militar de la Guardia Nacional y deja en claro que el mando operativo y estratégico estará en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque se intente maquillar esta reforma con tecnicismos y discursos de “fortalecimiento institucional”, el mensaje es claro: la seguridad ya no será asunto de civiles, sino de generales. Le están diciendo al ciudadano que su papel es obedecer, no opinar.

El argumento de que la seguridad se profesionaliza bajo el mando militar es profundamente peligroso y falso. La experiencia nacional demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no ha disminuido la violencia ni ha generado confianza ciudadana. Al contrario: se han incrementado los abusos, las violaciones a derechos humanos y la opacidad en el uso de la fuerza. Aun así, este gobierno insiste en seguir entregando más poder a una institución que no fue diseñada para convivir con la ciudadanía, sino para defender la soberanía nacional ante amenazas externas.

Lo más alarmante es que esta reforma representa un punto de no retorno. Ni siquiera durante el sexenio de Felipe Calderón, quien fue duramente criticado por sacar al Ejército a las calles, se legisló para entregarles formalmente el control de la seguridad pública federal. Calderón, con todos sus errores, al menos mantuvo la idea —aunque fuera solo en el discurso— de que los militares estaban ahí de manera temporal. Hoy, en cambio, se institucionaliza su presencia como norma, se borra la línea entre lo civil y lo castrense, y se le entrega al ciudadano un país donde la paz se busca con soldados, no con instituciones civiles fuertes.

Ni Calderón llegó a tanto. Y eso, viniendo de un régimen que prometió el fin de la guerra y el retorno de la autoridad civil. Esta ley no es un avance, es una claudicación: del Estado frente al miedo, del gobierno frente a su responsabilidad, y de la democracia frente al autoritarismo. Nos quitaron la decisión. Ahora, ¿quién nos va a devolver la voz?