A Opinión del 10/7/25
Las cárceles de Aguascalientes sufren sobrepoblación, afectando derechos humanos y dificultando la reinserción social en condiciones dignas.
La deuda con los derechos humanos en las cárceles de Aguascalientes
Las cárceles mexicanas, y en particular las de Aguascalientes, son un espejo incómodo de nuestras fallas estructurales como sociedad. Según el Informe de Prevención y Reinserción Social del Gobierno Federal correspondiente a mayo de 2025, los tres centros penitenciarios estatales enfrentan una sobrepoblación del 21.9%, con 2,172 personas privadas de su libertad cuando su capacidad es considerablemente menor. Esta cifra debería alarmarnos, no solo por lo que implica en términos logísticos, sino por lo que representa en términos de dignidad humana.
Los derechos humanos no se suspenden con una sentencia. La reclusión no debería significar hacinamiento, falta de atención médica, inseguridad, ni condiciones indignas de vida. Sin embargo, con 364 internos por encima del límite establecido, los centros penitenciarios de Aguascalientes operan bajo una presión constante que compromete cualquier intento serio de reinserción social. El CERESO Aguascalientes, por ejemplo, registra una ocupación de 1,123 personas, cuando su límite es de 877. En el caso del Centro Femenil, son 25 mujeres más del cupo, y El Llano también supera su capacidad con 93 internos de más. Son cifras frías, sí, pero detrás de ellas hay personas que, a pesar de sus errores, tienen derecho a condiciones mínimas de respeto y rehabilitación.
La raíz del problema es más profunda que el número de camas o celdas disponibles. Aguascalientes comparte este fenómeno con otras 17 entidades del país, derivado en parte de procesos judiciales prolongados, la reincidencia delictiva y la ausencia de políticas efectivas en materia de justicia alternativa. Mientras 14 estados presentan cárceles subutilizadas, nosotros seguimos saturando las nuestras. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Por qué no se están aplicando con más vigor mecanismos como la justicia restaurativa, la libertad anticipada o la reclusión domiciliaria para delitos menores?
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional y moral de garantizar la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad. No se trata de indulgencia, sino de legalidad, de ética pública y de una visión más humana y eficaz del sistema penal. Si realmente aspiramos a un Aguascalientes más justo y seguro, debemos empezar por corregir lo que sucede tras los muros de sus cárceles. Porque ningún sistema de seguridad será sostenible si no es también un sistema de justicia.
— El informe aquí: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1001961/CE_2025_05.pdf
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