A Opinión del 12/11/24

El ambicioso proyecto vial en Aguascalientes promete mejorar la movilidad, pero enfrenta desafíos de sostenibilidad, financiamiento federal incierto y posibles impactos limitados.

El reciente anuncio de la secretaria de Obras Públicas en Aguascalientes, Carolina López, sobre la construcción de un distribuidor vial es sin duda ambicioso, pero presenta desafíos y contradicciones que invitan al escepticismo. El proyecto, que busca facilitar la movilidad desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad y mejorar el acceso al sur de Aguascalientes, abarca múltiples vialidades y promete una inversión inicial de alrededor de 2 mil millones de pesos en un plazo de tres años. Sin embargo, el alcance y viabilidad de esta iniciativa parecen depender en gran medida de factores que podrían complicar su ejecución y eventual éxito.

En primer lugar, el enfoque del proyecto en la movilidad desde el aeropuerto hacia la ciudad deja en el aire si realmente responde a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía o si atiende intereses de carácter turístico o empresarial. En una ciudad en crecimiento, las prioridades de movilidad suelen centrarse en mejorar el transporte público, reducir el tráfico urbano cotidiano y potenciar opciones sostenibles, temas que no se mencionan en esta propuesta. El énfasis en vialidades específicas y en obras como los puentes y el distribuidor vial indica una apuesta clara por el desarrollo vehicular, algo que no necesariamente resolverá de raíz el problema de tráfico en una urbe en expansión.

La propuesta de hacer estudios de modelación virtual para evitar problemas de tráfico es una señal positiva en términos de planificación. Sin embargo, dada la magnitud del proyecto, surge la pregunta de si estos estudios serán suficientes para abordar los complejos efectos secundarios que conlleva una obra de tal envergadura. Muchas veces, obras de infraestructura como puentes y distribuidores viales generan beneficios a corto plazo, pero a largo plazo terminan agravando el tráfico al fomentar la dependencia del automóvil privado en lugar de impulsar un modelo de ciudad más sostenible.

Otro aspecto inquietante es el financiamiento. La ejecución de este proyecto depende en gran medida de la aportación económica del gobierno federal. Si bien la administración estatal parece estar comprometida en asumir una parte de los costos, confiar en recursos externos crea una dependencia financiera que podría retrasar o incluso frenar la obra. Si el apoyo federal no se concreta, ¿qué sucederá con el presupuesto estatal que ya ha sido planeado para este fin? ¿Se ajustarán otras prioridades en la infraestructura del estado para cubrir el déficit? Esta incertidumbre financiera podría poner en riesgo tanto la continuidad del proyecto como la posibilidad de que futuras administraciones lo concluyan.

Finalmente, resulta cuestionable que se plantee un plan a largo plazo para continuar la obra más allá de la actual administración. Si bien la previsión y la planeación estructurada son deseables, la realidad es que los cambios de gobierno muchas veces significan el abandono o la modificación de proyectos por falta de consenso o por variaciones en las prioridades políticas. Esto sugiere que el distribuidor vial podría quedar en el limbo, como un “elefante blanco” que nunca alcance su verdadero potencial y que implique un gasto importante de recursos sin un retorno tangible.

En conclusión, aunque este proyecto de infraestructura tiene objetivos ambiciosos y ciertas características positivas en cuanto a su planificación, no está exento de desafíos críticos. Su enfoque en la movilidad vehicular y la dependencia de fondos externos cuestionan su sostenibilidad a largo plazo y su verdadera efectividad en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Aguascalientes.

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