A Opinión del 31/10/24

El anuncio del diputado Adán Valdivia López sobre el presupuesto del Congreso de Aguascalientes para 2025, con una cifra de 300 millones de pesos, abre una interrogante sobre el uso y la necesidad de estos recursos en un contexto de reformas judiciales y complejidades políticas crecientes. Bajo la justificación de fortalecer el análisis de las reformas federales, Valdivia expone la necesidad de contratar personal técnico y jurídico adicional, una propuesta que, aunque razonable, suscita cuestionamientos sobre la transparencia, la eficiencia y los resultados tangibles que este gasto puede brindar a la ciudadanía.

Por un lado, el legislador asegura que el presupuesto incluye un incremento ajustado a la inflación, entre un 3% y un 4% de acuerdo con el Banco de México, y subraya que la mayor parte del gasto se destinará al personal técnico y jurídico, cuya especialización es aparentemente urgente para cubrir la “creciente carga de trabajo” derivada de las reformas judiciales federales. Sin embargo, la declaración deja cabos sueltos: ¿Qué garantiza que esta inversión realmente contribuirá a un análisis exhaustivo y no será un gasto burocrático más? En ocasiones anteriores, presupuestos incrementados en diversos congresos estatales han dado lugar a nóminas infladas sin un impacto visible en la mejora legislativa o la seguridad jurídica.

Además, el hecho de que el Congreso considere contratar a especialistas a través de honorarios o servicios profesionales, y hasta generar un fondo común entre los legisladores, es un reflejo de la falta de planificación financiera. En un contexto en el que se espera eficiencia en la gestión pública, estas opciones evidencian la limitada capacidad presupuestaria para sostener su operatividad sin recurrir a métodos alternativos de financiamiento que pudieran significar parches temporales.

Aunado a esto, la posibilidad de solicitar recursos extraordinarios en caso de que el presupuesto actual no sea aprobado refleja una dependencia de fondos que podría derivar en un problema de sostenibilidad a largo plazo. Esta dependencia de recursos adicionales podría incluso dejar al Congreso expuesto a compromisos políticos o a la implementación de decisiones apresuradas y poco fundamentadas.

Finalmente, el argumento de evitar “posibles vacíos jurídicos” y “proteger los derechos de los ciudadanos” resulta ambiguo. Aunque es claro que una legislatura informada es fundamental para una correcta adecuación de las leyes, la incertidumbre sobre el verdadero impacto de esta inversión en el trabajo del Congreso suscita una duda: ¿Se está gastando el dinero público en fortalecer una estructura legislativa necesaria y eficiente, o se está, una vez más, inflando el gasto corriente sin una clara rendición de cuentas?

La gestión eficiente de recursos es un pilar en el servicio público, y la transparencia sobre el uso del presupuesto en áreas técnicas y jurídicas debe reflejarse en resultados que beneficien a la ciudadanía, especialmente en un periodo de transformaciones políticas y legales significativas. La mirada crítica de la ciudadanía y los medios será clave para verificar si este presupuesto adicional realmente servirá para fortalecer las reformas judiciales o si será una cifra más en la lista de incrementos burocráticos.

Al tiempo… y a su opinión.

En otros apuntes:

La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes evalúa reintroducir las fotomultas para controlar el exceso de velocidad, reducir accidentes y mejorar la educación vial. La propuesta incluye bajar el límite a 50 km/h en zonas específicas y fomentar la responsabilidad de los conductores, complementando con tecnología las medidas de seguridad vial.

La reintroducción de fotomultas definitivamente ayudaría a mejorar la seguridad vial, pero requiere transparencia, criterios claros para evitar abusos y ganar la confianza ciudadana.

Esta idea no debería tomarse tan a la ligera en la implementación, si la concretan.