A Opinión del 31/3/25

El gran ganador de la elección judicial: el abstencionismo

Este 1 de junio, México vivirá un proceso electoral inédito con la elección de miles de jueces, magistrados y ministros para conformar el nuevo Poder Judicial. Sin embargo, pese a la trascendencia de estos comicios, el mayor protagonista podría no ser un candidato, sino el abstencionismo.

La decisión de someter a votación directa estos cargos ha generado un intenso debate. Por un lado, se argumenta que democratiza el acceso a la justicia y da voz a la ciudadanía en la elección de quienes aplicarán la ley. Por otro, se señala que este mecanismo podría derivar en una crisis de legitimidad, al desconocerse si la participación será suficiente para otorgar respaldo democrático a los ganadores.

Uno de los mayores retos es la falta de información y el desinterés ciudadano. Con más de cinco mil aspirantes y cientos de cargos en juego, la complejidad del proceso desalienta a la población. La ausencia de partidos políticos como referencia y la poca difusión de las trayectorias de los candidatos dificultan que el electorado tome decisiones informadas. Aunque el INE ha habilitado un portal con perfiles de los aspirantes, la realidad es que pocos ciudadanos dedicarán tiempo a analizar cada opción.

Además, la elección se da en un contexto de incertidumbre política y económica. La reforma judicial sigue siendo objeto de discusión, con voces que piden suspender el proceso para evitar mayores tensiones en momentos en que se negocian aranceles con Estados Unidos. Esta inestabilidad podría reforzar el desencanto ciudadano y aumentar la apatía electoral.

Otro factor clave es la desconfianza en las instituciones. La percepción de que la elección de jueces y magistrados responderá a intereses políticos, más que a méritos, puede desalentar la participación. Si la ciudadanía cree que el resultado ya está definido por grupos de poder, ¿por qué molestarse en acudir a las urnas?

En este escenario, el abstencionismo se perfila como el gran ganador. La participación podría ser mínima, lo que pondría en duda la legitimidad del proceso y abriría la puerta a cuestionamientos sobre la independencia del nuevo Poder Judicial. En una democracia, votar es un derecho, pero también una responsabilidad. Si la ciudadanía no se involucra, corre el riesgo de ceder la justicia a quienes tengan mayor capacidad de movilización política, sin que ello represente necesariamente una mejora para el sistema judicial.

La reflexión final es clara: una elección de esta magnitud requiere una ciudadanía informada y participativa. Si no se construye una cultura de involucramiento y exigencia democrática, las reformas quedarán en el papel y la justicia seguirá siendo rehén del desinterés colectivo. La verdadera pregunta es si México está listo para asumir este reto o si, una vez más, el silencio en las urnas hablará más fuerte que las propuestas.

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