A Opinión del 8/11/24

En un episodio que ha encendido la indignación pública y abierto una discusión sobre la seguridad en los servicios de transporte de plataforma, un conductor de aplicación enfrenta cargos por presunta privación ilegal de la libertad y lesiones contra un pasajero menor de edad en Aguascalientes. La Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra investigando el caso, que salió a la luz luego de que el video de la agresión se volviera viral en redes sociales, mostrando la brutalidad de los hechos y revelando detalles que levantan interrogantes sobre la idoneidad de ciertos conductores para brindar un servicio seguro a los usuarios.

La historia comenzó cuando un joven solicitó el servicio de transporte a través de una plataforma con destino al municipio de Jesús María. Al abordar el vehículo, un Nissan Sentra gris, el conductor, identificado como Jesús Sánchez, al percatarse de la distancia del trayecto, decidió unilateralmente cambiar el destino argumentando que la tarifa no le resultaba conveniente. Esta acción fue el detonante de una serie de eventos que terminaron en un acto de violencia inexplicable e injustificable. Ante la actitud del conductor, el joven afectado empezó a grabar con su dispositivo móvil, una medida que hoy en día se ha convertido en una herramienta de protección para muchos usuarios frente a situaciones de riesgo. Sin embargo, esta precaución no evitó el conflicto; en cuanto el conductor se dio cuenta de que estaba siendo grabado, detuvo el vehículo y golpeó al pasajero de manera brutal.

Jesús Sánchez, según ha salido a la luz, fue elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) hasta el 2022, cuando fue pensionado. Este dato añade un elemento perturbador al incidente, ya que pone en duda los filtros que se implementan en las plataformas de transporte para evaluar antecedentes y asegurar que los conductores cumplan con un perfil adecuado para evitar situaciones de peligro. A pesar de su historial como miembro de la SSPE, Sánchez ha demostrado una falta de profesionalismo y autocontrol alarmante, lo que lleva a cuestionar las políticas de contratación y monitoreo en los servicios de transporte de aplicación.

La respuesta de las autoridades, tanto de la FGE como de la Coordinación de Movilidad (CMOV), resulta crucial para que este caso no quede impune. Se espera que los entes de justicia actúen con celeridad y contundencia para establecer las responsabilidades correspondientes y, más allá de la sanción, implementar medidas preventivas en beneficio de los usuarios. Las plataformas de transporte también deben realizar una autocrítica y ajustar sus procesos de contratación y seguimiento de los conductores. Este caso es un llamado urgente para establecer mecanismos que eviten que conductores con antecedentes de violencia o falta de autocontrol puedan seguir ofreciendo este servicio sin que medien filtros más rigurosos. La ciudadanía merece un transporte seguro, y los sistemas de movilidad no deben convertirse en un espacio donde impere la impunidad o la violencia.

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