A Opinión del 26/5/25

Chalecos, estigmas y soluciones parche

La reciente implementación —y en algunos casos, la simple propuesta— de la llamada Ley Chaleco en distintas entidades de México ha desatado una oleada de opiniones encontradas. A primera vista, esta medida parece razonable: busca aumentar la visibilidad de los motociclistas mediante chalecos reflectantes con el número de placa visible, e incluso rotular los cascos con la misma información. La intención, según las autoridades, es doble: evitar accidentes y combatir delitos cometidos a bordo de motocicletas.

Sin embargo, basta con rascar un poco bajo la superficie para notar que esta ley nace, en el mejor de los casos, de un diagnóstico incompleto, y en el peor, de una narrativa simplista que estigmatiza a todo un sector de la población que ha encontrado en la motocicleta una herramienta vital para su movilidad, su trabajo y su independencia.

Es cierto que se han cometido delitos a bordo de motocicletas. También lo es que se han cometido en automóviles, a pie, en transporte público o incluso desde oficinas con trajes y corbatas. El problema no es la motocicleta. El problema es la delincuencia, que tiene raíces mucho más profundas que el tipo de vehículo utilizado.

Pretender que la solución es obligar a todos los motociclistas a portar chalecos con placas visibles es como suponer que pintar de naranja todos los cuchillos de cocina impedirá los crímenes. Se castiga al conjunto por las acciones de unos cuantos, perpetuando un estigma injusto que asocia al motociclista con la sospecha, con el peligro, con la ilegalidad.

Esta visión reduccionista, lejos de aportar soluciones reales, genera resentimiento, desconfianza y fractura social. La seguridad pública no se construye con medidas cosméticas ni con símbolos de control. Se construye con inteligencia, con prevención, con justicia social, con cuerpos policiacos capacitados y con verdaderos programas de reinserción.

Resulta particularmente irónico que una de las entidades que ya ha aprobado esta medida sea Zacatecas, un estado duramente golpeado por la violencia, donde los niveles de inseguridad no son atribuibles a motociclistas comunes, sino a grupos del crimen organizado que han tomado territorios, amenazado comunidades y rebasado —con toda claridad— la capacidad de respuesta de su gobierno estatal. En lugar de asumir esa responsabilidad, las autoridades prefieren buscar culpables fáciles, y qué mejor blanco que un grupo visible, diverso y mayoritariamente trabajador como lo son los motociclistas.

Es más sencillo culpar al repartidor, al joven que va al taller, al mensajero o al estudiante, que reconocer la profunda crisis de seguridad que se vive, producto del abandono institucional y la impunidad rampante.

En Aguascalientes, hasta ahora, no se observan intenciones claras de promover esta ley, lo cual debe reconocerse como un signo de sensatez. Sin embargo, esto no descarta que algún legislador —más preocupado por ganar reflectores mediáticos que por diseñar soluciones reales— decida retomar la idea en busca de una palmadita en la espalda del discurso fácil. A falta de propuestas serias para mejorar la movilidad urbana y garantizar la seguridad, hay quienes prefieren la ruta corta del populismo punitivo.

Es indispensable, además, reconocer el valor de la motocicleta en las ciudades modernas. En un contexto de congestionamiento, contaminación y transporte público deficiente, las motos se han convertido en una alternativa ágil, accesible y eficiente. Permiten a miles de personas llegar a tiempo a sus trabajos, repartir mercancías, ofrecer servicios o simplemente desplazarse sin depender del automóvil.

En lugar de estigmatizar al motociclista, deberíamos integrarlo a una política integral de movilidad urbana. Las motocicletas reducen el espacio vial ocupado, consumen menos combustible, contaminan menos que los autos y, si se manejan con responsabilidad, pueden ser parte de una solución, no del problema.

La Ley Chaleco puede tener buenas intenciones, pero se queda corta y errática. Es una de esas medidas que “se ven bien”, pero no resuelven nada. La estigmatización no es política pública. Los motociclistas no son criminales por defecto. Y la seguridad no se alcanza con símbolos, sino con decisiones estructurales y valientes.

Si realmente queremos ciudades más seguras, empecemos por atacar las causas, no los efectos. Y si queremos movilidad, apostemos por la inclusión, no por la discriminación. En la moto, como en la vida, no todos los caminos son rectos, pero todos merecen respeto.