Hay silencios que dicen más que cualquier consigna. Por eso la pregunta no es menor: ¿en qué momento veremos a los diputados de Aguascalientes de Morena organizando una manifestación en la plaza pública en apoyo a Rubén Rocha Moya? ¿Para cuándo el coro encendido de la dirigencia de “no están solos… no están solos”? O al menos un tik tok, algo. Porque si algo ha caracterizado a la política mexicana reciente es la capacidad de movilizarse —con rapidez quirúrgica— cuando el poder se siente agraviado. Pero hoy, frente a una acusación de dimensiones internacionales, el silencio parece ser la estrategia.
La imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no es cualquier señalamiento. Coloca en el centro del debate algo que durante años se ha insinuado, pero rara vez se había formalizado con este nivel de detalle: la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno en funciones. No se trata ya de capos perseguidos o sicarios detenidos; la narrativa escala hacia funcionarios, decisiones públicas y presuntas redes de protección institucional. Es, en términos políticos, dinamita pura.
Y sin embargo, la reacción ha sido contenida, casi calculada. Porque aquí aparece la incomodidad: ¿cómo defender lo indefendible sin pagar un costo político alto? ¿Cómo salir a la calle a respaldar a un gobernador señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa sin erosionar el discurso de combate a la corrupción y al crimen? La respuesta, al parecer, ha sido el mutismo. Un silencio que no necesariamente absuelve, pero que sí evita el desgaste inmediato.
Pero la política mexicana tiene una vieja escuela para estos momentos: cambiar la conversación. Aquí es donde cabe la ironía —casi una tradición— de preguntarnos cuál será el siguiente gran distractor.¿Una reforma exprés que polarice la discusión? ¿Un escándalo reciclado que incendie redes sociales? ¿Una narrativa patriótica que convierta el señalamiento en un “ataque extranjero”? ¿O veremos a la bancada de Morena con una iniciativa desparatada que convenientemente desplace el foco? Porque cuando una de las piezas que presume ser columna vertebral del tetratranformismo nacional aparece bajo la sombra de ser considerada criminal en Estados Unidos, la prioridad deja de ser explicar y pasa a ser desviar. No es nuevo: es método.
Y aquí aparece otra ironía profundamente mexicana: tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos el que colocara el tema en el centro del debate internacional, logrando lo que miles de sinaloenses no han podido pese a manifestarse, denunciar y vivir diariamente el desgaste de la inseguridad y la violencia. Mientras en las calles de Sinaloa se acumulan años de reclamos que apuntan a un presunto narcoestado, es una acusación externa la que finalmente sacude la conversación pública con fuerza real. Incómodo, sí. Revelador, también.
El problema es que la política no vive sólo del corto plazo. Este caso, más allá de su desenlace judicial, abre una grieta en la narrativa oficial. Porque si las acusaciones escalan y encuentran sustento, el golpe no será únicamente para un gobierno de Sinaloa, sino para toda una estructura política que ha construido su legitimidad en torno a la idea de transformación y moralidad pública. Y si no se sostienen, entonces también quedará la interrogante sobre la relación bilateral y el uso político de la justicia desde Washington.
Mientras tanto, la plaza pública sigue en pausa. Sin mantas, sin consignas, sin el clásico “no están solos”. Quizá porque, en esta ocasión, salir a gritar implica mucho más que respaldar a un aliado: implica asumir el costo de una historia que apenas comienza a escribirse y que, para muchos, ya huele a uno de los capítulos más incómodos de la política contemporánea en México.
