Aguascalientes llegará al 2028 con una pregunta que hoy el IMSS responde por sí solo: ¿qué tan sólido es el modelo federal al que se pretende integrar la salud del estado?
El calendario lo explicó en abril el propio secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán. Aguascalientes y otras siete entidades que siguen fuera del IMSS-Bienestar deberán incorporarse mediante decreto presidencial a partir de 2028, tras un periodo de adhesión voluntaria en 2027. El funcionario admitió que no hay más opción que acatarlo y que aún se desconoce el mecanismo de operación. Es decir, se pide al estado aceptar una transferencia cuyas reglas todavía no existen.
Mientras tanto, el IMSS, columna vertebral del sistema federal, muestra a diario lo que hoy no funciona. Esta semana, en Aguascalientes, los trabajadores sindicalizados rechazaron por mayoría el informe de su dirigente seccional, con 156 votos en contra y 46 a favor, frente al líder nacional del sindicato. Los reclamos fueron plazas sin cubrir, sobrecarga laboral y falta de equipo e insumos. No fue un episodio aislado. Las protestas locales se suman a las que los trabajadores realizan desde septiembre. El 10 de octubre marcharon de noche, bloquearon el Puente Bicentenario y acordaron mantener un plantón frente a su sindicato. El 9 de noviembre habrá una cuarta marcha nacional para exigir la destitución del dirigente sindical. En otras ciudades, sedes sindicales ocupadas por trabajadores inconformes han sido desalojadas, y las oficinas centrales del IMSS permanecen ocupadas.
Las carencias que describen no son abstractas. Trabajadores dijeron en septiembre que invierten de su salario hasta mil 500 pesos al mes para comprar insumos. Un representante del sindicato local reconoció que se han comprado con recursos propios sillas y termómetros, y que las áreas de urgencias están rebasadas por falta de personal. Cuando quienes sostienen el servicio pagan de su bolsillo para que funcione, el problema ya no es de administración; es estructural. El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso sobre la situación financiera del Instituto, entregado en julio, lo respalda: el Seguro de Enfermedades y Maternidad operó en 2025 con un déficit de 151 mil 127 millones de pesos, que se estima en 175 mil 585 millones para 2026. Los ingresos propios del Instituto alcanzarán solo hasta 2031, un año antes de lo que proyectaba el informe anterior.
Se dirá que IMSS-Bienestar es otro organismo. Lo es, pero opera con la misma lógica federal, y su historia reciente no tranquiliza. Trabajadores de la región Lagunera de Coahuila, reubicados con la promesa de basificación, denunciaron en julio que a más de dos años no la han recibido. En Puebla, trabajadores que dicen representar a unos dos mil 500 empleados protestaron en octubre por falta de medicamentos, salarios y una ruta clara de basificación. A inicios de noviembre, proveedores de agua bloquearon calles para exigir pagos adeudados desde enero. El patrón es el mismo: promesas de certeza laboral y abasto que llegan tarde o no llegan.
Por eso el error sería entregar el control. Aguascalientes administra hoy su sistema de salud con la rectoría del ISSEA. Cederla a un esquema que enfrenta sus propias crisis significa perder capacidad de decisión sobre contratos, abasto y prioridades, precisamente cuando la Federación no ha demostrado que puede cubrirlas. Galaviz plantea un esquema mixto, con hospitales de manejo estatal y rectoría del ISSEA, como en Jalisco. Esa es la batalla que vale la pena dar: si el decreto llega, que el estado conserve el mando y que la Federación llegue con recursos, basificación y reglas escritas.
Aguascalientes no pide quedarse al margen de la salud universal. Pide no pagar con su propio sistema las fallas de uno que todavía no se sostiene.
Al tiempo… y a su opinión
