El pronunciamiento publicado este lunes por 53 organismos empresariales, cámaras, asociaciones y colegios de profesionistas de Aguascalientes coloca sobre la mesa uno de los debates económicos más importantes para el Estado de cara a 2027: la propuesta de incrementar el Impuesto Sobre Nóminas del 2.5 al 3 por ciento.
Los empresarios argumentan mayores costos operativos, nuevas obligaciones laborales e incertidumbre sobre el comportamiento de la economía nacional. Su preocupación es legítima.
Es perfectamente razonable que quienes generan empleos busquen evitar mayores cargas tributarias. Ningún empresario desea pagar más impuestos de los estrictamente necesarios, especialmente en un escenario complicado.
El ajuste propuesto representa medio punto porcentual, pero equivale a un aumento relativo del 20 por ciento en la tasa del impuesto. Es una diferencia que merece consideración, particularmente para pequeñas y medianas empresas.
Pero del otro lado también existen argumentos atendibles. La gobernadora Teresa Jiménez plantea homologar el impuesto con las tasas que se aplican en otras entidades del país como parte del Paquete Económico 2027, y ha manifestado su disposición a negociar alternativas que reduzcan el impacto del incremento, especialmente entre las pequeñas empresas.
Esa apertura merece reconocerse. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López, señaló durante una entrevista colectiva con medios de comunicación en el Congreso del Estado que Aguascalientes debe fortalecer su competitividad mediante factores que vayan más allá de los bajos costos laborales y fiscales. “Tenemos que ser competitivos, no por baratos”, sostuvo. Y tiene razón.
La capacidad de atraer inversiones no puede depender exclusivamente de ofrecer mano de obra económica o impuestos inferiores a los de otras entidades. También requiere trabajadores capacitados, infraestructura, tecnología, innovación y acceso a financiamiento.
Así, ambas posturas tienen fundamentos legítimos y no hay razón para convertir sus diferencias en una confrontación política.
Por el contrario, resulta positivo que exista disposición al diálogo y que las partes reconozcan la necesidad de construir acuerdos. Sin embargo, ahora corresponde al Congreso del Estado asumir una responsabilidad fundamental.
La gobernadora ya presentó su iniciativa. Los organismos empresariales han fijado públicamente una posición respaldada por 53 organizaciones. Los argumentos están sobre la mesa y las diferencias son conocidas.
En consecuencia, corresponde al Poder Legislativo convocar verdaderas mesas de mediación y conciliación entre las partes. No basta con los acercamientos entre el Gobierno y los empresarios.
El Congreso debe convertirse en el espacio institucional donde se escuchen los planteamientos, se analicen consecuencias y se construyan alternativas viables. La negociación tampoco debería limitarse a discutir si el impuesto permanece en 2.5 por ciento, aumenta al 3 o encuentra algún punto intermedio.
Es necesario establecer qué obtendrá el empresariado a cambio de una eventual contribución adicional, cómo se utilizarían los recursos y qué mecanismos permitirían proteger la inversión y las fuentes de empleo. Pero sobre todo, qué ganará la ciudadanía. Porque al final de la historia, el verdadero beneficiario de cualquier acuerdo no tendría que ser exclusivamente el Gobierno por conseguir una mayor recaudación, ni el sector empresarial por conservar una menor carga tributaria. El verdadero ganador debe ser el ciudadano.
Aguascalientes necesita empresas fuertes, empleos bien remunerados, finanzas públicas sanas y mejores condiciones para su desarrollo. Estos objetivos no son incompatibles, pero requieren voluntad política, responsabilidad económica y capacidad de negociación.
La disposición de la gobernadora al diálogo representa un buen punto de partida. La postura empresarial merece respeto y consideración. Ahora corresponde al Congreso del Estado encontrar los mecanismos que permitan acercar ambas posiciones y alcanzar una solución equilibrada.
La última palabra será del Congreso del Estado. Y la moneda está en el aire.
Al tiempo… y a su opinión.

