A Opinión del 3/3/25

La apología del delito desde el poder

En tiempos recientes, el concepto de “apología del delito” ha tomado protagonismo en el debate público. Curiosamente, esta viralización se dio cuando un grupo de músicos hizo lo que durante décadas se ha hecho en este país: vanagloriar a figuras del crimen organizado. La venta de esta música en las disqueras más importantes del mundo es una muestra de cómo este fenómeno ha estado presente en la cultura popular por mucho tiempo, sin que antes generara una indignación similar.

Sin embargo, lo que resulta más llamativo es cómo los propios gobiernos han incurrido en prácticas que, si se analizan con detenimiento, bien podrían encuadrarse en esta misma lógica. Desde declaraciones hasta acciones concretas, la narrativa gubernamental ha normalizado discursos y estrategias que, en lugar de combatir el crimen, parecen justificarlo o incluso fomentarlo.

Un claro ejemplo de esto es la célebre frase “abrazos, no balazos”, que ha sido la bandera de una política de seguridad basada en la permisividad y la conciliación con el crimen organizado. Aunque el concepto detrás de esta declaración podría interpretarse como una estrategia para abordar las raíces de la violencia, en la práctica ha servido como una excusa para la inacción. La falta de enfrentamiento directo con los grupos criminales ha permitido su fortalecimiento y expansión, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión.

Otro caso emblemático es la férrea oposición del gobierno a cualquier tipo de intervención extranjera en el combate al narcotráfico en México. Si bien la soberanía nacional es un principio fundamental, el discurso gubernamental ha llegado al extremo de minimizar la gravedad del problema y, en algunos casos, defender de manera implícita a los grupos delictivos. En lugar de aprovechar la cooperación internacional para fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el crimen, se han cerrado las puertas a cualquier alternativa que pueda evidenciar la ineficacia de las estrategias actuales.

El desmantelamiento del poder judicial es otra de las señales alarmantes de cómo desde el poder se ha hecho apología del delito. La intención de debilitar a los órganos encargados de impartir justicia, ya sea a través de recortes presupuestarios, cambios estructurales o ataques directos a su credibilidad, no hace más que favorecer la impunidad. Un sistema judicial sin autonomía ni recursos suficientes se traduce en un campo de juego libre para los criminales, quienes pueden operar sin temor a ser castigados.

Resulta irónico que quienes critican con vehemencia la apología del delito en ciertos sectores de la sociedad sean los mismos que, desde el gobierno, han contribuido a la normalización de prácticas que benefician directamente a los delincuentes. Más allá de las palabras, las acciones y omisiones del poder han configurado un escenario donde el crimen no solo persiste, sino que se fortalece bajo la sombra de la impunidad.

Si realmente se busca erradicar la violencia y la criminalidad en el país, es fundamental que el gobierno deje de justificar o minimizar las acciones de los grupos delictivos y empiece a implementar estrategias que realmente enfrenten el problema. Mientras el discurso oficial siga suavizando la gravedad de la situación y debilitando las instituciones encargadas de combatirla, la apología del delito seguirá siendo una práctica recurrente desde las esferas del poder.

Al tiempo… y a su opinión.