Foto: El Heraldo de Aguascalientes
El Poder Judicial de la Federación vivió un nuevo episodio de inconformidad laboral durante el fin de semana, luego de que trabajadores de distintas entidades del país suspendieran actividades en protesta por un sistema de evaluación del desempeño que, según denunciaron, ponía en riesgo su estabilidad laboral.
En Aguascalientes, alrededor de 600 trabajadores se sumaron al paro iniciado el viernes 6 de noviembre. De acuerdo con El Heraldo de Aguascalientes, la movilización fue respaldada por personal de 33 órganos jurisdiccionales.
La inconformidad surgió tras la publicación de un acuerdo del Órgano de Administración Judicial que establecía un mecanismo de evaluación integrado por un 60 por ciento correspondiente a exámenes de conocimientos y un 40 por ciento relacionado con valoraciones del desempeño laboral.
Los trabajadores argumentaron que este último componente podía incorporar criterios subjetivos y que los resultados de las evaluaciones podrían tener consecuencias sobre su permanencia en el empleo.
De acuerdo con las declaraciones sindicales, el desacuerdo no estaba relacionado con la necesidad de acreditar conocimientos, sino con las posibles sanciones y la falta de garantías para evitar decisiones arbitrarias.
La movilización encontró una salida a nivel nacional el sábado 7 de noviembre, cuando representantes sindicales y autoridades del Poder Judicial alcanzaron un acuerdo para modificar el mecanismo de evaluación.
En las negociaciones participaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, representantes del Órgano de Administración Judicial y dirigentes sindicales.
Entre los compromisos establecidos se encuentran la eliminación de los efectos sancionatorios de las evaluaciones, la supresión de las pruebas extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales y la modificación de los criterios que pudieran incorporar factores subjetivos.
También se acordó establecer mesas permanentes de trabajo con las organizaciones sindicales.
Según lo informado por UnoTV, el nuevo esquema contempla que el 80 por ciento de la evaluación corresponda a exámenes y capacitación, mientras que el 20 por ciento restante se relacione con la evaluación laboral.
Con estos compromisos, las autoridades judiciales anunciaron la reanudación de actividades para el lunes 9 de noviembre. Las modificaciones deberán formalizarse mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, en Aguascalientes la historia todavía no está completamente resuelta.
Este domingo 8 de noviembre, Carlos Saucedo Ramírez, delegado del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, emitió un comunicado para llamar a los trabajadores a presentarse normalmente a sus centros laborales este lunes.
El dirigente informó que a las nueve de la mañana se celebrará una reunión con representantes de los órganos jurisdiccionales de Aguascalientes y de las dos organizaciones sindicales, en la que se analizarán los acuerdos nacionales y se determinará si continúa o se suspende el paro en la entidad.
Es decir, mientras a nivel nacional se anuncia el levantamiento de la protesta, en Aguascalientes los trabajadores todavía deberán tomar una decisión colectiva.
Saucedo Ramírez advirtió que los acuerdos alcanzados en otras entidades no necesariamente tendrán que reproducirse en el estado, pues las decisiones deberán responder también a las condiciones particulares de la base trabajadora local.
Pero quizá la declaración más significativa del representante sindical sea una frase tan sencilla como contundente: “Evaluación sí, arbitrariedad no”.
Y tiene razón en algo fundamental: una evaluación que pretende medir la capacidad profesional de los trabajadores no puede convertirse en un instrumento de discrecionalidad, represalia o intimidación laboral.
La exigencia de reglas claras, criterios objetivos y respeto a los derechos laborales no debería representar una amenaza para ninguna institución que tenga como responsabilidad fundamental impartir justicia.
Más allá de las negociaciones laborales y de los acuerdos alcanzados, este episodio deja una curiosa ironía en la historia reciente del Poder Judicial mexicano.
En septiembre de 2024 se promulgó una reforma constitucional que transformó profundamente la estructura judicial y estableció la elección popular de jueces y magistrados federales, sustituyendo el mecanismo de selección basado en concursos de oposición para esos cargos.
El cambio representó una ruptura con el modelo anterior, en el que los exámenes y procedimientos de oposición constituían instrumentos fundamentales para acceder a la carrera judicial y ascender dentro de ella.
Dos años después, el propio Poder Judicial enfrenta un conflicto laboral relacionado, precisamente, con la aplicación de evaluaciones de conocimientos y desempeño.
Desde luego, no se trata de procedimientos idénticos. Los concursos de oposición para seleccionar juzgadores y las evaluaciones laborales del personal judicial tienen objetivos y alcances diferentes.
Tampoco puede afirmarse que los trabajadores se hayan manifestado contra los exámenes de conocimientos, pues sus representantes expresaron que el problema radicaba principalmente en los criterios de calificación y sus posibles consecuencias.
Sin embargo, la coincidencia resulta inevitablemente irónica.
Después de una reforma que sustituyó los concursos de oposición por el voto popular para elegir juzgadores, el Poder Judicial vuelve a colocar los exámenes y las evaluaciones en el centro de una controversia.
Y ahora surge una pregunta adicional: si el propio Poder Judicial enfrenta dificultades para establecer mecanismos de evaluación que sus trabajadores consideren objetivos y justos, ¿cómo podrá garantizar a la sociedad que sus nuevos juzgadores cuentan con los conocimientos, la preparación y las capacidades necesarias para impartir justicia?
Porque el problema de fondo no consiste únicamente en decidir quién debe presentar un examen, sino en establecer quién evalúa, bajo qué criterios, con qué independencia y con cuáles consecuencias.
La elección popular puede otorgar legitimidad democrática a un juzgador, pero no constituye por sí misma una acreditación de sus capacidades profesionales. Del mismo modo, un examen puede medir conocimientos, pero no necesariamente garantiza independencia, honestidad ni buen juicio.
Quizá esa sea la reflexión que deja este episodio: los mecanismos objetivos para acreditar conocimientos y capacidades siguen siendo relevantes para el funcionamiento de las instituciones, aunque su aplicación debe acompañarse de reglas claras y garantías laborales.
Al final, las vueltas que da la justicia nos recuerdan que evaluar conocimientos, proteger derechos laborales y garantizar un servicio público eficiente no deberían ser propósitos incompatibles.
Porque, más allá de las reformas, los sistemas de elección y las controversias sindicales, la preparación profesional sigue siendo un elemento indispensable para la impartición de justicia.
Y si algo debería caracterizar al Poder Judicial es precisamente su capacidad para someterse a los mismos principios de transparencia, legalidad y justicia que está obligado a garantizar a los ciudadanos.
¿Y entonces, cómo vamos a evaluar al Poder Judicial?
Al tiempo… y a su opinión.
