Cada año, cuando llega la temporada de fiestas patronales, hay un ritual que se repite en los municipios de Aguascalientes: los ayuntamientos anuncian, con cierto orgullo, que esta edición será “la mejor hasta ahora”. Más escenarios, mejor cartel artístico, producción más cuidada, señalética renovada, seguridad reforzada. Vista desde fuera, la escena puede parecer folclore administrativo, la vanidad natural de cualquier gobierno local que quiere lucirse. Pero conviene mirarla con más detenimiento, porque en el contexto actual del país esa vanidad se ha convertido, casi sin que nadie lo planeara, en una de las pocas palancas económicas que los municipios controlan de principio a fin.
En circunstancias normales, esto sería simplemente promoción turística: kermés, feria, verbena, la maquinaria habitual de cualquier calendario festivo mexicano. Hoy no son circunstancias normales. El 20 de julio arrancó una ronda decisiva de la revisión del T-MEC, y lo que está sobre la mesa —reglas de origen más estrictas, un posible requisito de que hasta la mitad del valor de cada vehículo provenga específicamente de Estados Unidos, aranceles a la sección 232 que ya castigan al acero y al aluminio— no es un tecnicismo diplomático. Es la certeza, o más bien la falta de ella, sobre la que se sostiene buena parte del empleo formal de esta región.
Aguascalientes vive de su industria automotriz. Lo que hoy es una regla de contenido regional aceptable, mañana puede dejar de serlo por decisión de una mesa de negociación en la que el estado no tiene asiento ni voz. Eso es, en el sentido más literal, un factor desestabilizador: no porque la planta vaya a cerrar mañana, sino porque la inversión —la que decide abrir una línea nueva, contratar turno adicional, apostar por una ampliación— necesita horizontes de varios años, y ahora mismo nadie puede prometerlos con certeza. Las calificadoras ya ajustaron a la baja sus proyecciones de crecimiento para México citando justamente esa incertidumbre.
Frente a ese tablero, donde la decisión última la toma Washington, el turismo local es de las pocas cosas que un municipio hidrocálido puede diseñar, ejecutar y capitalizar por completo con recursos propios. Una fiesta patronal no depende de que Estados Unidos revise reglas de origen ni de que el Congreso mexicano decida subir aranceles a las autopartes asiáticas. Depende de un ayuntamiento que organice bien el evento, de comerciantes locales que surtan puestos, de hoteles y restaurantes que llenen su ocupación en un fin de semana, de artesanos y músicos que encuentren un escaparate. Es economía de kilómetro cero, y por unos días, funciona.
No hay que exagerar su alcance: ninguna feria municipal sustituye lo que representa una armadora para la nómina del estado. Pero tampoco hay que subestimarla. En un momento en que la variable más grande de la economía regional se decide fuera del país, cada ejercicio de fortalecimiento del mercado interno —por acotado que sea en el tiempo— deja de ser folclore y se convierte en estrategia de resiliencia. Si las fiestas patronales suben de calidad edición tras edición, si atraen visitantes de fuera del municipio, si dejan derrama en comercio y hospedaje, están haciendo, a escala pequeña, exactamente lo que se necesita a escala grande: diversificar de dónde viene el ingreso de la gente.
La pregunta que valdría la pena que se hicieran los municipios no es si vale la pena invertir en su feria de este año. Es si están viendo esas fiestas como lo que realmente pueden ser: no solo una tradición que se cuida, sino una política pública de desarrollo microlocal que compensa, aunque sea parcialmente, lo que no está en sus manos decidir.
