Para un transportista, atravesar Aguascalientes con tranquilidad sirve de poco si al cruzar sus límites vuelve a preguntarse si llegará vivo a su destino. La hora y media que puede durar su paso por nuestro territorio es apenas un tramo de una jornada que continúa por carreteras donde, según denuncia el gremio, trabajar significa exponerse a extorsiones, asaltos y violencia. La seguridad de un viaje no puede medirse solamente por sus mejores kilómetros.
La mañana de este lunes, cerca de 90 unidades se concentraron en la carretera 45 Sur para exigir seguridad. No hubo cierre total de la vía, pero la presencia de los vehículos redujo el espacio de circulación y provocó tránsito lento. Lo relevante no es la molestia vial, sino que quienes mueven las mercancías tuvieron que detenerse para exigir condiciones para seguir trabajando.
Las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo al autotransporte pasó de más de 13 mil casos en 2018 a 6 mil 263 en 2025, y la Guardia Nacional reporta 2 mil 519 denuncias en el primer semestre de 2026, casi 20% menos que un año antes. El avance existe. Pero esas cifras equivalen todavía a unas 14 denuncias diarias, y no recogen la extorsión ni la violencia que el gremio describe cuando habla de trabajar con miedo. Una estadística a la baja no es lo mismo que un camino seguro.
Roberto Díaz Ruiz, presidente de CANACAR en Aguascalientes, reconoce apertura de los tres niveles de gobierno en la entidad. Su reclamo se dirige a las condiciones del país. Por eso una manifestación aquí no contradice el reconocimiento al diálogo local: los transportistas que salen de Aguascalientes necesitan respuestas también fuera de sus fronteras.
Es válido reconocer el esfuerzo por mantener condiciones de seguridad dentro del estado. Pero aun si fueran óptimas, serían insuficientes para proteger a quien debe conducir durante horas por otras entidades. Una empresa puede tener domicilio en Aguascalientes; sus operadores, sus unidades y sus mercancías permanecen expuestos a lo que ocurre en el resto de la ruta.
Sería un error, entonces, ver la protesta como un problema ajeno que vino a estacionarse en nuestra carretera. Lo que sucede fuera compromete a quienes viven y trabajan aquí. La tranquilidad local tiene límites muy concretos cuando nuestra economía necesita recibir insumos y enviar productos todos los días.
Detrás del volante hay una persona que necesita volver a casa, antes que una carga asegurada o una entrega pendiente. “Carreteras de muerte” es la expresión con la que los transportistas se refieren en sus protestas a las rutas del país, y expresa precisamente ese miedo: que una jornada de trabajo pueda terminar en tragedia. Ningún operador debería salir sin saber si regresará.
En paralelo corre la discusión fiscal. El Gobierno federal defiende reducir de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos anuales para acceder al estímulo por peajes, cambio que, según Hacienda, afectaría a 170 empresas. La cifra se refiere al límite de ingresos para acceder al beneficio, no a un monto que cada empresa pueda descontar en casetas. Hacienda debe explicar a quién beneficia el estímulo, cuánto cuesta y por qué propone modificarlo; los empresarios, sostener sus demandas con argumentos. Pero aun con un acuerdo fiscal mañana, la inseguridad carretera seguiría intacta.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que existen reuniones permanentes con las autoridades de seguridad para atender al sector. Habría que preguntar qué resultados han producido. La vara de medida es verificable: cuántos robos al transporte se registran, cuánto tarda en llegar la ayuda cuando un operador la pide, qué tramos concentran los delitos y qué presencia efectiva hay en ellos. Para quien conduce, la respuesta está en el camino, no en las minutas.
Que los transportistas sigan recurriendo a manifestaciones es preocupante: refleja el agotamiento de un sector que considera insuficientes las respuestas federales. Abrir una mesa es un primer paso; lograr que sus acuerdos se traduzcan en protección es el que cuenta.
Tampoco debería hacer falta que una protesta amenace el abasto para atender el problema. El riesgo de interrupciones y mayores costos es real, pero la vida de los operadores debería bastar para colocar el asunto entre las prioridades nacionales. Su derecho a trabajar con seguridad no depende del tamaño de su empresa ni de su capacidad para frenar la economía.
Las carreteras federales son responsabilidad de la Federación, pero proteger a quienes las recorren exige coordinación con los estados. Los esfuerzos de Aguascalientes necesitan continuidad fuera de sus límites, porque las divisiones administrativas no detienen a los delincuentes ni resguardan por sí solas a quienes las cruzan.
Una hora y media de tranquilidad merece conservarse. Lo que no podemos hacer es confundirla con un viaje seguro.
La verdadera prueba empieza cuando el transportista sale de Aguascalientes. Y termina cuando vuelve a casa.
Al tiempo… y a su opinión.
