A Opinión del 5/11/24
El crecimiento de la economía informal refleja desigualdades estructurales; la formalización requiere incentivos, educación financiera y políticas fiscales inclusivas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha revelado cifras impactantes en las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) correspondientes al segundo trimestre de 2024. Con un incremento real del 5.4% en el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal, que supera los 6 millones de pesos a precios constantes de 2018, las cifras revelan un fenómeno de crecimiento que, lejos de ser homogéneo, expone desigualdades y contradicciones en las dinámicas económicas del país.
Entidades como Quintana Roo, Durango y Nuevo León registran incrementos de doble dígito en su VAB informal, un indicador que pone en evidencia tanto la creatividad económica como la vulnerabilidad estructural de amplios sectores de la población. En contraste, Aguascalientes muestra un desempeño más moderado, con un aumento del 4.5% en el sector informal y una disminución en otras modalidades de informalidad, lo que podría interpretarse como un intento incipiente de formalización, aunque su impacto nacional es marginal.
El sector informal tradicional sigue siendo predominante, representando el 56.2% de la economía informal y creciendo un 9.2% anual. Este dato pone de manifiesto las dificultades persistentes para integrar a millones de trabajadores al mercado formal, perpetuando un sistema económico donde la subsistencia inmediata se prioriza sobre la seguridad y los derechos laborales a largo plazo.
A pesar de un incremento significativo en las remuneraciones de la economía informal en algunas regiones, como Aguascalientes con un aumento del 10.3%, este crecimiento no garantiza estabilidad ni progreso sostenido. La falta de acceso a prestaciones y la naturaleza volátil del trabajo informal continúan siendo barreras para la construcción de un desarrollo equitativo y sostenible.
Una solución integral para abordar la economía informal, por ejemplo, debe centrarse en la creación de incentivos efectivos para la formalización, combinados con una estrategia de inclusión económica. Esto implica simplificar los procesos de registro y cumplimiento para microempresas, ofrecer subsidios temporales para la transición al sector formal, y garantizar acceso a beneficios como seguridad social y capacitación laboral. Además, es fundamental promover la educación financiera y técnica en comunidades vulnerables, así como fomentar la inversión en sectores productivos locales que generen empleos formales. Todo esto debe complementarse con políticas fiscales que equilibren el apoyo al crecimiento empresarial y la recaudación eficiente, reduciendo la dependencia de actividades informales para la subsistencia.
Ante este panorama, surge una interrogante que invita a la reflexión: ¿puede el país encontrar un equilibrio entre la inclusión económica y la formalización laboral, o la economía informal seguirá siendo el refugio inevitable para millones de trabajadores en un sistema incapaz de absorberlos plenamente?
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